Poderes de Venezuela exhortan al Supremo a revisar sentencias sobre AN:
Así se decidió durante el Consejo de Seguridad. Fiscal Ortega no estuvo en la reunión:
El máximo tribunal venezolano revisará dos sentencias con las cuales se adjudicó las facultades del Parlamento (Asamblea Nacional, AN) y retiró la inmunidad a sus diputados, según un acuerdo de los poderes públicos anunciado en la madrugada de este sábado.
Los representantes de esas instituciones acordaron "exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones (...) con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano", señala el texto.
A la cita concurrió el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, pero no asistió el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges
Los representantes de esas instituciones acordaron "exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones (...) con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano", señala el texto.
A la cita concurrió el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, pero no asistió el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges
"No asistiré a la reunión. Maduro es responsable del quebrantamiento del orden constitucional y no puede ahora pretender ser mediador", informó Borges a través de la red social Twitter. Asimismo, el jefe de la AN exigió el cumplimiento de la Carta Magna venezolana e invitó a todos los venezolanos a asistir a la sesión especial parlamentaria convocada para mañana.
El Consejo de Seguridad fue convocado por el presidente Nicolás Maduro para dirimir las diferencias y aplacar las críticas de la comunidad internacional, pero también la declaración de la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, en la que denunció que las últimas decisiones del máximo tribunal del país “violan el orden constitucional”.
Esta afirmación no solo la colocó al margen del discurso ‘revolucionario’ –al que solía apegarse incondicionalmente– sino que demostró que en su seno existe una profunda división.
Ortega tampoco asistió a la reunión del Consejo de Seguridad, aunque Maduro afirmó que "tuvo conversaciones" con ella.
“Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó en la sede del Ministerio Público tras rendir el informe de su gestión a través de un canal de TV público.
(Le puede interesar: Video muestra brutal agresión a periodista de 'Caracol Radio')
En la escena política desde hace años es costumbre que los principales representantes de los poderes públicos estén alineados con los intereses del gobierno chavista y lo demuestren públicamente, por lo que la declaración de Ortega tuvo un impacto inmediato: el silencio del alto gobierno en plena lluvia de acusaciones sobre la ejecución de un autogolpe de Estado con la disolución del Parlamento y la demostración de una fractura interna.
“Las consecuencias políticas, por ahora, parecen ser más fuertes que las jurídicas– explica a EL TIEMPO el politólogo Luis Salamanca–. A primera vista resquebraja la estructura de poder que sostiene a Maduro y sostuvo durante mucho tiempo a Chávez. Esa estructura es la que le permitió a Maduro ser candidato y presidente al mismo tiempo, suspender el revocatorio y pare de contar. Esa coalición que hacía del chavismo algo tan sólido parece quebrarse con la declaración de la Fiscal”.
Tanto la oposición como la directiva de la Asamblea Nacional aplaudieron el lance de la Fiscal, al que calificaron como un paso “justo” y necesario para el retorno del orden democrático. Por primera vez voceros de la oposición y lo que se ha llamado “el chavismo crítico” coincidieron en la necesidad de defender la Constitución contra el Tribunal Supremo.
El Consejo de Seguridad fue convocado por el presidente Nicolás Maduro para dirimir las diferencias y aplacar las críticas de la comunidad internacional, pero también la declaración de la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, en la que denunció que las últimas decisiones del máximo tribunal del país “violan el orden constitucional”.
Esta afirmación no solo la colocó al margen del discurso ‘revolucionario’ –al que solía apegarse incondicionalmente– sino que demostró que en su seno existe una profunda división.
Ortega tampoco asistió a la reunión del Consejo de Seguridad, aunque Maduro afirmó que "tuvo conversaciones" con ella.
“Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó en la sede del Ministerio Público tras rendir el informe de su gestión a través de un canal de TV público.
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En la escena política desde hace años es costumbre que los principales representantes de los poderes públicos estén alineados con los intereses del gobierno chavista y lo demuestren públicamente, por lo que la declaración de Ortega tuvo un impacto inmediato: el silencio del alto gobierno en plena lluvia de acusaciones sobre la ejecución de un autogolpe de Estado con la disolución del Parlamento y la demostración de una fractura interna.
“Las consecuencias políticas, por ahora, parecen ser más fuertes que las jurídicas– explica a EL TIEMPO el politólogo Luis Salamanca–. A primera vista resquebraja la estructura de poder que sostiene a Maduro y sostuvo durante mucho tiempo a Chávez. Esa estructura es la que le permitió a Maduro ser candidato y presidente al mismo tiempo, suspender el revocatorio y pare de contar. Esa coalición que hacía del chavismo algo tan sólido parece quebrarse con la declaración de la Fiscal”.
Tanto la oposición como la directiva de la Asamblea Nacional aplaudieron el lance de la Fiscal, al que calificaron como un paso “justo” y necesario para el retorno del orden democrático. Por primera vez voceros de la oposición y lo que se ha llamado “el chavismo crítico” coincidieron en la necesidad de defender la Constitución contra el Tribunal Supremo.
Jurídicamente, las declaraciones de Ortega dibujan un escenario interesante, pues la ley le permite a la Fiscalía General, si acaso intentara y lograra el consenso con la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo (que constituyen el Poder Moral de Venezuela), abrir procedimientos legales contra los magistrados del TSJ que considere violentaron el orden constitucional. Pero para eso queda mucha tela que cortar.
Horas después del pronunciamiento de la Fiscalía, el presidente Maduro ofreció una alocución concentrada en demostrar un liderazgo fuerte, en la que no atacó ni defendió al TSJ o a la Fiscal sino que se presentó como el árbitro de una controversia entre poderes que se ofreció a resolver inmediatamente al convocar de urgencia un Consejo de Seguridad.
Esta instancia, consagrada en el artículo 323 de la Carta Magna, reunió durante la noche del viernes a las cabezas de los poderes públicos nacionales para resolver temas de coyuntura sobre seguridad y defensa del país.
(Además: Seis países suramericanos 'condenan' situación creada en Venezuela)
“Asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver el 'impasse' que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo”, indicó Maduro durante su alocución.
A través de las redes sociales se colaron muchas opiniones que interpretan la decisión del mandatario –e incluso las de la Fiscal– como parte de un esquema para demostrar que en Venezuela sí existe separación de los poderes públicos, principal cuestionamiento que se le hace al Gobierno tras las sentencias del Tribunal.
“La posibilidad de que sea un engaño existe. Creo que las declaraciones de la Fiscal produjeron un efecto y el chavismo fue tomado por sorpresa”, recalca Salamanca.
En cualquier caso, durante el día quedó claro que el Gobierno no tuvo claridad sobre cómo justificar la anulación del parlamento, y que el trueno de la fiscal Ortega dejó fuera de lugar a un chavismo que trata de lamer sus heridas.
Horas después del pronunciamiento de la Fiscalía, el presidente Maduro ofreció una alocución concentrada en demostrar un liderazgo fuerte, en la que no atacó ni defendió al TSJ o a la Fiscal sino que se presentó como el árbitro de una controversia entre poderes que se ofreció a resolver inmediatamente al convocar de urgencia un Consejo de Seguridad.
Esta instancia, consagrada en el artículo 323 de la Carta Magna, reunió durante la noche del viernes a las cabezas de los poderes públicos nacionales para resolver temas de coyuntura sobre seguridad y defensa del país.
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“Asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver el 'impasse' que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo”, indicó Maduro durante su alocución.
A través de las redes sociales se colaron muchas opiniones que interpretan la decisión del mandatario –e incluso las de la Fiscal– como parte de un esquema para demostrar que en Venezuela sí existe separación de los poderes públicos, principal cuestionamiento que se le hace al Gobierno tras las sentencias del Tribunal.
“La posibilidad de que sea un engaño existe. Creo que las declaraciones de la Fiscal produjeron un efecto y el chavismo fue tomado por sorpresa”, recalca Salamanca.
En cualquier caso, durante el día quedó claro que el Gobierno no tuvo claridad sobre cómo justificar la anulación del parlamento, y que el trueno de la fiscal Ortega dejó fuera de lugar a un chavismo que trata de lamer sus heridas.
Luisa Ortega: una carrera ligada a Chávez
La historia profesional de la fiscal general Luisa Ortega Díaz es prácticamente indivisible del chavismo. Aunque abogada y doctora en ciencias jurídicas, desde sus tiempos como fiscal nacional mostró su cercanía con la causa revolucionaria.
Su ascenso dentro de la Fiscalía fue sostenido a pesar –o quizá porque- de que nunca ocultó su afinidad con el Gobierno. Fue vicefiscal y pupila del entonces fiscal Isaías Rodríguez, por lo que su llegada al máximo puesto del Ministerio Público parecía natural para la estructura del Gobierno.
(Además: Presencia de tanques en frontera con Venezuela es rutinaria: Ejército)
No se le vincula directamente con alguna de las figuras de poder dentro del chavismo como el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami o el diputado Diosdado Cabello, quienes manejan sus áreas y funcionarios de influencia.
En ello se le considera una pieza relativamente autónoma que logró su puesto dentro del chavismo por lo que fue su relación directa con su máximo exponente y creador, el presidente Hugo Chávez.
Su ascenso dentro de la Fiscalía fue sostenido a pesar –o quizá porque- de que nunca ocultó su afinidad con el Gobierno. Fue vicefiscal y pupila del entonces fiscal Isaías Rodríguez, por lo que su llegada al máximo puesto del Ministerio Público parecía natural para la estructura del Gobierno.
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No se le vincula directamente con alguna de las figuras de poder dentro del chavismo como el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami o el diputado Diosdado Cabello, quienes manejan sus áreas y funcionarios de influencia.
En ello se le considera una pieza relativamente autónoma que logró su puesto dentro del chavismo por lo que fue su relación directa con su máximo exponente y creador, el presidente Hugo Chávez.
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